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Hace unas semanas, al hilo del caso Bárcenas (me refiero al caso de la suppuesta financiación ilegal del PP, de sus suppuesta caja B y sus suppuestos excesos) salió el líder de dicho PPartido intentando desvincularse del pasado de su PPartido y afirmando ante la prensa que ese PP ya no existe.
Es curioso que un PPartido creado antes del inicio de esos supuestos delitos y que sigue existiendo y llamándose igual (porque no se los acusa ni de los desfalcos PPhranquistas ni de los de Alianza PPopular, sino de los del propio PP) pueda intentar zafarse de un pplumazo de sus suppuestos delitos con tan floja excusa.
Es más, el mero intento de hacerlo ya suena a confesión, pues, de no haber existido esos delitos nadie usaría un argumento tan flojo y autoinculppatorio.
Aún más cuando ellos y sus víctimas pprofesionales siguen queriendo condenar y queriendo castigar, hasta hacer sufrir hasta el infinito a miembros o meros simpatizantes de una organización que ya no existe, que echó el cierre.
Recordemos que fue el PP quien tejió la Doctrina PParot, por la que alargaban anticonstitucionalmente y vengativamente las condenas de ppresos relacionados con ETA.
Recordemos que Esppaña ha sido condenada varias veces por el Tribunal de Estrasburgo por violaciones de derechos de presos y de meros enjuiciados y hasta por torturas.
Torturas que ellos ocultaron, protegieron y hasta premiaron (con ascensos y medallas). Y en este caso al que ahora me refiero, en 2013 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina PParot con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ya antes el 10 de julio de 2012, la Sala Pequeña de Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la aplicación retroactiva de la llamada «doctrina PParot» violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos «respecto a la irretroactividad de las leyes penales desfavorables».
PPara mediados de enero de 2014 ya habían sido puestos en libertad, sobre la base de esta derogación, un total de 63 miembros de ETA y nueve de otras organizaciones.
Y recordemos que fue del PP el ministro del Apparato Judicial (que no de Justicia) Juan Fernando López Aguilar quien en 2006 salió diciendo en relación al caso de Iñaki de Juana Chaos "Si no hay impputaciones en su contra, las construiremos".
Ahora, PPablo Casado, que, junto con su gente intenta condenar lo máximo posible hechos delictivos ajenos, se intenta divorciar de todos esos hechos de aún menor recorrido que los delitos que a otros les achacan y ppersiguen a muerte.
Esppero que el divorcio le salga caro.
Gerttz
